Historia Argentina 9

El estilo de gobierno del De la Rúa fue señalado también como causa de su progresiva pérdida de legitimidad. En primer lugar, De la Rua no ejercía el liderazgo indiscutido sobre la UCR. De hecho, su candidatura por la Unión Cívica Radical para las internas de la Alianza en 1998, se relacionó más con la falta de otros candidatos, que con su capacidad para convertirse en un dirigente capaz de generar importantes corrientes de identificación con su figura e ideas.

Por otra parte, numerosos sectores de la Alianza consideraban que el presidente se alejaba de los postulados de la coalición. Lo criticaban por no escuchar los reclamos que sus aliados políticos le formulaban, estando excesivamente influenciado por un círculo de colaboradores en el que se destacan sus familiares más cercanos, que en muchas ocasiones no seguían los lineamientos impulsados por la Alianza.

Justamente, muchos de sus críticos hacían hincapié en la forma en que De la Rúa tomaba decisiones, resaltaban que demostraba un alto nivel de desconfianza hacia la mayoría de los que lo rodeaban. Por ello, quedaba demasiado expuesto a la opinión de los pocos a los que escuchaba. Remarcaban su meticulosidad y el hecho de que quería supervisar puntualmente todas las iniciativas, por lo que el proceso decisorio se volvía extremadamente lento y complejo.

A diferencia del estilo que caracterizó a Carlos Menem, Fernando de la Rua prefirió adoptar otro, basado en la búsqueda de consensos, lo que le quitaba dinamismo. Además, para muchos, De la Rúa era un presidente débil porque muchas iniciativas anunciadas públicamente no se llevaban a la práctica por presiones de los grupos afectados. La debilidad del presidente se hacía visible, los propios miembros de su gabinete lo contradecían o criticaban con dureza. Un ejemplo muy claro en este sentido fue el del ministro de Desarrollo Social Juan Pablo Cafiero, el cual no solo tomó decisiones como la de mantener un diálogo con los piqueteros de Salta sin consultar con el presidente, o formuló duras críticas a algunas de las iniciativas oficiales, sino que incluso declaró que en el entono de Fernando de la Rúa se reunían con mafiosos que frecuentaban la Casa Rosada, sin que el presidente le pidiera explicaciones.

Había, por otra parte, tina actitud bastante agresiva por parte del justicialismo, que eligió presidente de la Cámara de Diputados al peronista Eduardo Caamaño y presidente provisional del Seriado a Ramón Puerta. Se planteaba una situación compleja porque no había Vicepresidente debido a la renuncia de Alvarez. Por lo tanto, cada vez que el presidente De la Rúa se ausentara del país, su lugar sería ocupado por un político de la oposición en virtud de la Ley de Acefalía.

También hubo maniobras de algunos sectores del peronismo que conspiraron contra la gobernabilidad. Por ejemplo, la presunta participación de algunos intendentes justicialistas del conurbano bonaerense en las movilizaciones que terminaron en saqueos a supermercados y otros comercios minoristas fue documentada en los medios de comunicación y complicó manifiestamente la continuidad del gobierno delarruísta.

De hecho, se produjo una ruptura de la coalición gobernante, que se sumó a un retaceo de apoyo por parte de importantes sectores del radicalismo. El gobierno sufrió en las elecciones de octubre de 2001 la paradójica situación de no tener candidatos que apoyaran abiertamente la gestión oficial. Por el contrario, hubo candidatos de la Alianza, como Terragno, que impugnaban la mayoría de las decisiones que se estaban adoptando. El incremento de los votos nulos, la abstención y el voto en blanco, que dieron lugar a lo que se denominé el fenómeno del ‘<voto bronca”, marcaron con claridad el descontento de un sector importante de la sociedad frente a las alternativas que se presentaban.

Tras las elecciones, el peronismo quedó consolidado como primera fuerza., lo que complicó aún más la debilitada situación del gobierno. El PJ no contribuyó a la gobernabilidad, por el contrario aprovechó las limitaciones que el gobierno delarruísta tenía en ese momento para ocupar posiciones de poder.

Cuando Cavallo, con el “corralito”, confiscó los depósitos bancarios afectó en forma directa a los sectores de clase media que reaccionaron con cacerolazos y otras Formas de protesta. Todos estos factores desembocaron en dos fenómenos que se potenciaron mutuamente: una crisis político institucional y la crisis en las calles. Esta combinación provocó tras los violentos episodios en la Plaza de Mayo el 20 y 21 de diciembre de 2001 la renuncia del presidente.

En su discurso del 20 de diciembre, De la Rúa declaró el estado de sitio y ordenó la reopresión. Amplios sectores de la sociedad reaccionaron haciendo sonar sus cacerolas y marchando hacia el domicilio del ministro Domingo Cavallo, la Quinta Presidencial y la Plaza de Mayo. Su descontento ya se había manifestado en las elecciones legislativas de octubre con el voto bronca”. La falta de respuestas por parte del gobierno profundizó el descontento de la población y provocó finalmente su caída.

Es importante remarcar como elemento característico de esta crisis el proceso de vaciamiento de poder que se fue produciendo. Este proceso no solo dificulté la aplicación de medidas necesarias para la recuperación del país le quitó al gobierno mecanismos para sostenerse. La posición adoptada por el Partido Justicialista que se negó a conformar un gobierno de coalición, o como se lo denominé de “Salvación nacional”, fue un factor significativo. En esta visión las manifestaciones populares fueron un componente en el proceso de caída del gobierno, pero no el determinante. Lo decisivo fue la debilidad de la coalición oficialista.

A modo de conclusión

En cuanto a las dificultades que afronté la Alianza para consolidarse, puede señalarse la falta de una clara definición programática. También la ausencia de estructura partidaria en el FREPASO ayudé a que buena parte de sus dirigentes no pudieran contener la salida hacia otros horizontes políticos. Esta carencia de contención partidaria se plasmé en la creación de agrupamientos políticos que rechazaban las continuidades existentes con el menemismo por parte del gobierno aliancista, entre los que se pueden mencionar Alternativa para una República de Iguales (ARI), encolumnado tras la ex radical Elisa Carné, y el Polo Social, que presentó la candidatura en la Provincia de Buenos Aires del sacerdote Luis Farinello. Por su parte, algunos sectores se manifestaron solidarios con las experiencias piqueteras de acción directa.

Fernando De la Rua no conté con el apoyo contundente de su propio partido, situación que se vio agravada por el proceso de disgregación que sufrió el FREPASO.

Además, el Gobierno no pudo establecer vínculos fuertes con los distintos actores sociales. Respecto de los trabajadores, incluso perdió las buenas relaciones que tenia con la Central de Trabajadores Argentinos, de la cual provenían algunos de sus legisladores y funcionarios, como Alicia Castro y Mary Sánchez. A medida que el gobierno fue proponiendo su plan económico, la CTA se fue distanciando cada vez más.

Desde el punto de vista económico, la convertibilidad era incompatible con el rechazo del recorte del gasto público, con la flexibilización de importan res áreas de la economía o con el incremento del ahorro interno a partir de la expansión del sistema de capitalización previsional.

El resultado de esta tensión fue la profundización de los desequilibrios que presentaba el sistema productivo, acompañado de un proceso de fuga de capitales que disminuyó las reservas internacionales del país. y el cierre de los mercados para el acceso al crédito, reflejado en el constante aumento en el índice de riesgo país a lo largo del año 2001.

Por ello, la crisis económica fue incrementándose a lo largo de los dos años de administración, siendo sus aspectos más sensibles la caída del consumo y el decreciente ritmo de la actividad económica. Por otra parte, la agudización de los problemas de empleo y de incremento en los índices de pobreza e indigencia produjo la erosión de la popularidad del gobierno.

Por último, la Alianza tampoco logró terminar con la corrupción y dotar de mayor transparencia al sistema político. Las denuncias de irregularidades en el PAMI, la ocupación de cargos públicos por parte de familiares de los principales dirigentes aliancistas y el escándalo producido tras la aprobación de la reforma laboral, que derivó en la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez, provocaron la sensación de desconfianza y de frustración. Este rechazo no se limitó a los miembros del partido gobernante, sino que se extendió a los políticos en general, lo que dio lugar a su identificación como “casta privilegiada” y generó un reclamo de renovación en las prácticas políticas que se popularizó a partir del pedido “que se vayan todos”.

Sin embargo, las elecciones de 2003, tanto en el ámbito nacional como en el provincial o municipal, no presentaron sorpresas. Se consolidaron en las principales candidaturas, políticos experimentados que ya habían ocupado cargos importantes, generaron poca adhesión aquellos que se identificaban con la “nueva política” enfrentada con los tradicionales aparatos partidarios .

Notas al pie

(1) La diversidad ideológica dentro de la Alianza era tal que coexistían en ese espacio político dirigentes del Partido Comunista y representantes de un partido de centro derecha como Rafael Martínez Raymonda o Alberto Natale, que anteriormente habían apoyado las candidaturas presidenciales de Alvaro Alsogarav en 1989 y de Carlos Menem en 1995.

(2) Los desacuerdos en torno de algunas de las propuestas formuladas por el IPA y rechazadas por el binomio De la Rua y Alvarez, y el rol subordinado en que iba quedando el Instituto, motivaron que Alfonsín decidiera renunciar a su dirección poco tiempo antes de las elecciones.

(3) Durante la discusión de la iniciativa en el Senado, el gremialista Hugo Moyano comentó que el entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique le había dicho que a los senadores los manejaba con la tarjeta Bandeo. Posteriormente a la sanción en la Cámara Alta se produjo una declaración a la periodista del diario La Nación Fernanda Villosio de un supuesto arrepentido que relataba que se habían producido sobornos a senadores para la aprobación de la ley’, con dinero proveniente de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado. El hecho de que los principales imputados en esa maniobra (Flamarique y De Santibáñez) no fueran desplazados del Gobierno, sino fortalecidos, provocó la reacción del vicepresidente Alvarez y su posterior renuncia. El caso de los sobornos en el Senado no fue aún resuelto por la justicia, por lo que se desconoce la veracidad de las imputaciones del supuesto arrepentido
El hecho de que un miembro del FREPASO como Flamarique estuviera implicado en la denuncia de corrupción. se sumaba a las anteriores imputaciones realizadas a funcionarios de esa agrupación como Tonietto en el PAMJ y el profesor de tenis de Fernández Meijide. Se lesionaba de ese modo la credibilidad de un partido que se había fortalecido a partir de frecuentes denuncias sobre la falta de transparencia en materia administrativa.