Historia Argentina 7

Gracias a una coyuntura internacional favorable a los productos argentinos en el mercado mundial, la Argentina entró en un ciclo largo de recuperación, que eliminaría por una década el déficit en la balanza comercial. Si bien el gobierno de Illia no frenó estas tendencias, tampoco las impulsó. Esto es lo que los sectores más desarrollistas le achacaron desde el principio al gobierno radical. El nuevo Establis hment necesitaba la apertura económica, la acumulación de capitales y la racionalización del Estado por encima de toda legalidad republicana. A los ojos militares y desarrollistas, el viejo sistema de partidos era incapaz de asumir estas tareas, por lo que prepararon el golpe mejor planeado y menos violento de la historia argentina. Moldearon a la opinión pública desde años antes del levantamiento por medio de una intensa actividad propagandista, hasta identificar al presidente radical con la modorra pueblerina y la siesta provinciana, al mismo tiempo que enaltecían a los militares como héroes de la epopeya tecnológica y de la grandeza nacional.

La Junta destituyó en 1966 al presidente, al vicepresidente, a los gobernadores y a los vicegobernadores, disolvió el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los partidos políticos y reemplazó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. En nombre de las FFAA el cargo de presidente fue ocupado por un hombre de larga tradición cristiana y occidental: el Tte. Gral. Juan Carlos Onganía. El suceso militar fue bautizado con el nombre de "Revolución Argentina", afirmándose sobre el consenso de algunos sectores, en el consentimiento resignado de la mayoría y en la expectativa desconcertada de casi todos.

La Revolución Argentina

La Revolución Argentina fue la continuación del proyecto desarrollista de Frondizi llevado a sus extremos: favoreció la apertura y la concentración de capitales para impulsar el proceso de industrialización y modernización de la estructura productiva y se estableció sobre un Estado autoritario donde confluían el poder político y el económico. El objetivo económico de Onganía fue pronto descubierto: la consolidación de la hegemonía de los grandes monopolios industriales y financieros asociados con el capital extranjero, a expensas de la burguesía rural y de los sectores populares.

Esta situación hizo que el peronismo profundizase su división, entre los que querían resistirse a los militares y los que querían colaborar, los vandoristas. Cuando estos se acercaron al gobierno, Perón - desde el exilio - fomentó el surgimiento de sindicatos opuestos a la burocracia sindical, como la CGT "de los argentinos". Así les recordó a los vandoristas que sin él, no eran nada. Luego de haber logrado su objetivo a fines de 1968, y por temor a que la nueva central obrera se desbandara, la disolvió. Así era la táctica "pendular" del general.

En julio de 1966, un mes después del golpe derechista, la Policía Montada entró a la Universidad de Buenos Aires y la desalojó a porrazos, en el episodio tristemente conocido como la "Noche de los Bastones Largos". Si bien visto en retrospectiva el acontecimiento no fue particularmente terrible, (principalmente comparado con la represión vivida durante el régimen de Videla), en esa época caló muy hondo en el alumnado. Dos años más tarde los estudiantes más políticamente motivados ya estaban estableciendo lazos de solidaridad con las organizaciones obreras militantes y desarrollando su campo de acción en el ámbito externo, principalmente en las villas miseria.

Pese a haber tenido condiciones económicas nacionales e internacionales a su favor, al cabo de los tres primeros años, la Revolución Argentina ya mostraba signos de fracaso. El más evidente fue la inesperada respuesta social a la política económica oficial, que derivó en el surgimiento de las guerrillas urbanas.

La guerrilla

Las principales causas que ocasionaron su origen y expansión fueron:

El acercamiento de las clases medias con las bajas: Al darse cuenta los universitarios de que su problemática no estaba tan lejos de la del proletariado (problemas económicos comunes por el aumento del costo de vida y transporte, desocupación creciente, etc.), comenzaron a identificarse con ellos y a buscar lazos que beneficiarían a ambos. No sólo creían posible un mundo mejor; los universitarios de izquierda sabían que como profesionales, administradores, planificadores de la economía, etc., tendrían un buen lugar en un eventual gobierno socialista.

Aunque la mala situación económica jugó su papel en la radicalización de la clase media, coincido con Richard Gillespie cuando afirma que los factores sociales y económicos fueron causas menores frente a los políticos y culturales. El golpe de Onganía significó un violento ataque a lo que la clase media consideraba su coto privado incluso durante la década infame, esto es, las universidades, y el mundo de la cultura en general. El violento ataque de Onganía a la autonomía universitaria contribuyó mucho a empujar a los jóvenes de clase media a la oposición armada.

El hecho de que pocos obreros integrasen las guerrillas se debió principalmente a la acción desmovilizadora que significó el peronismo, que los convenció de que su fuerza radicaba en el poder colectivo industrial y en los sindicatos y no en las armas de fuego. Por otro lado, no contaban con los recursos económicos necesarios para pasar a la clandestinidad y convertirse en combatientes profesionales. Los universitarios gozaban de una mayor independencia económica y disponían de mucho más tiempo para pensar y para dedicar a la exigente vida de guerrillero. No debe sorprender pues que las guerrillas urbanas hallan aflorado en países muy urbanizados y con un alto porcentaje de habitantes de clase media, como Argentina y Uruguay, afectados por medidas económicas impopulares y por la reducción de las libertades políticas y culturales.

La atracción casi mística que producía sobre la juventud el General Perón desde el exilio: Muchos de aquellos quienes durante el primer gobierno de Perón eran aún niños, descubrieron en él un modelo y mentor espiritual, el gestor de una nostálgica época de oro en la que el pueblo había sido feliz; comparada con los años sesenta, década en la que los jóvenes argentinos descubrieron la desilusión del sistema político, tanto en su forma constitucional como de facto. A su vez, Perón, por medio de mensajes, apoyaba a las organizaciones guerrilleras en sus acciones partisanas y alentaba a las "formaciones especiales". Como ejemplo, un extracto de su "Mensaje a la juventud" de 1971:

"Tenemos una juventud maravillosa, que todos los días está dando muestras inequívocas de su capacidad y su grandeza ... Tengo una fe absoluta en nuestros muchachos que han aprendido a morir por sus ideales".

El debilitamiento de los valores de la sociedad tradicional y el relajamiento de los controles morales y sociales: observado en hechos como la duplicación de la criminalidad violenta en seis años, la triplicación de separaciones y divorcios y la disminución de ingresantes al servicio de la Iglesia. No debemos olvidar que el planeta entero vivía una época de cambios vertiginosos: el hippismo, la guerra de Vietnam (que fue la primera vez que el mundo pudo ver una guerra por televisión), el mayo francés, etc. Todas estas corrientes de revolución y contrarrevolución impulsaban a la juventud a tomar partido activamente por algo que considerasen justo.

El compromiso social y político que asumió parte del clero latinoamericano a fines de los ‘60: Este pequeño pero muy activo sector bautizado "Sacerdotes del Tercer Mundo", con su profunda capacidad de prédica en los sectores mas bajos de la sociedad, convirtió numerosas iglesias en centros clandestinos para reuniones y afiliaciones. La liturgia católica, por otro lado, actuó como sedante frente a los temores a la muerte que muchos guerrilleros habrían de sentir: eran presentados como "hijos del pueblo", que "caían" en vez de morir, y a los que se les daba la condición de mártires.

El cordobazo, rosariazo, tucumanazo, etc.: Estas manifestaciones espontáneas de obreros y estudiantes fueron recibidas por los combatientes como una señal de apoyo del pueblo a sus acciones guerrilleras.

De los movimientos guerrilleros de esta época, se destacan:

Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP): eran el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Siendo marxistas, consideraban al peronismo una operación de la burguesía para ganar tiempo y retrasar la concreción de la revolución obrera. Tenían más afinidades en el interior y entre las clases populares que los Montoneros.

Montoneros: esta fue la principal fuerza guerrillera urbana que ha existido hasta la fecha en América Latina. Estaban convencidos de que las armas eran el único medio que tenían a su disposición para responder a "la lucha armada que la dictadura ejerce desde el Estado". Llegaron a manejar a la juventud peronista y a la universidad y a tener la adhesión de cientos de miles de argentinos en el ‘73-’74 mientras incidían íntimamente en el poder durante el breve gobierno de Cámpora. Su cúpula estaba manejada por hombres originarios de la extrema derecha católica, como Firmenich y Vaca Narvaja, que advirtieron que sus ansias de lucha nacionalista y antiimperialista serían en vano si no lograban la adhesión de los peronistas. Adoptaron sus consignas y las radicalizaron ("Perón o muerte") haciéndose pasar por los dueños de la verdad justicialista. Con sus acciones acostumbraron a las masas a la violencia y a la venganza y formaron una falsa imagen de Perón, idealizándolo como un revolucionario, al estilo de Mao Tse Tung o Fidel Castro.

Otras organizaciones guerrilleras que terminaron fusionándose con los Montoneros fueron las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y los Descamisados, de menor importancia.

Llegado este punto de análisis, me parece importante revisar las actitudes de Perón en este período. Desde el exilio reformuló su teoría de la Tercera Posición, asociándola a las luchas del Tercer mundo para librarse del imperialismo y el colonialismo. Al mismo tiempo, aplaudió la ruptura chino-soviética, considerándola un "golpe al socialismo internacional dogmático" de la URSS, y como una tendencia mundial al surgimiento de "diversas variedades de socialismo nacional".

Claro que para cada uno de los que prestasen atención a sus declaraciones, esta frase quería decir algo distinto. La derecha peronista la interpretaba como un nacionalsocialismo, hermano del nazismo y del fascismo, mientras que para la izquierda era una "vía nacional hacia el socialismo". De cualquier manera, la izquierda podía citar muchos más indicios de que Perón había sufrido una metamorfosis revolucionaria en el exilio que la derecha, como cuando afirmó que "si hubiera sido chino sería maoísta", o cuando dijo que "la única solución es la de libertar el país tal como Fidel Castro libertó al suyo".

Lo que Perón buscaba con sus declaraciones demagógicas era dar a cada sector una imagen "espectral" de si mismo. Cada cual veía lo que quería ver: una representación idealizada del caudillo. Así satisfacía a todos y conservaba su liderazgo. Esta política de incitación tanto a derecha como a izquierda que pareció ser muy eficaz desde el exilio, demostró su falencia mayor a la vuelta de Perón, cuando todos esos sectores lucharon violentamente por su reconocimiento como verdaderos peronistas. Esto tenía que pasar tarde o temprano, pero yo supongo que Perón confiaba en su capacidad de maniobra política y en que iba a gobernar más años de los que finalmente presidió, a pesar de su avanzada edad. Sería irresponsable de mi parte afirmar sin bases concretas que Perón provocó intencionalmente la radicalización de la sociedad con el único objetivo de recuperar el poder, pero la verdad no está muy lejos de esto.

Levingston y Lanusse, ¿el paso al costado del antiperonismo?

La designación del general Roberto M. Levingston como presidente en junio de 1970 fue, para decir lo menos, inesperada y sorprendente. Al momento de su nombramiento, era agregado militar en la embajada argentina en Washington, por lo que era completamente desconocido para el pueblo argentino. Por esta falta de base social, y por la oposición que le presentaron los partidos políticos, no pudo concretar su "proyecto nacional" de convocatoria a los partidos sin sus líderes; esto es, a los peronistas sin Perón, a los radicales sin Balbín, etc. De más está decir que los peronistas, radicales, demoprogresistas, bloquistas, conservadores populares y socialistas le respondieron formando una alianza llamada La Hora del Pueblo. Este fue el final del gobierno de Levingston, en marzo de 1971.

Para mostrar hasta que punto la los peronistas tenía una visión distorsionada de Perón en el exilio, cabe aclarar que los Montoneros interpretaron La Hora del Pueblo como una hábil jugada de su líder destinada a ganar tiempo mientras el Movimiento profundizaba sus niveles organizativos y métodos de lucha para emprender la próxima etapa de la guerra.

La verdadera figura detrás de Levingston era el general Alejandro Lanusse, que buscaba una salida honorable para las FFAA. Aunque el verdadero proyecto de Lanusse era la apertura política progresiva hacia la institucionalidad bajo tutela militar, la amenaza de una revuelta revolucionaria - alentada por Perón - obligó a los militares a llamar a elecciones libres para marzo de 1973.

Aunque Perón se ofrecía como el único capaz de evitar el terremoto social en la Argentina, por una cláusula de residencia no pudo presentar su candidatura. En su lugar fue Héctor Cámpora, que al frente del FREJULI (coalición que reunía sobre el eje peronista a frondicistas, conservadores populares, populares cristianos y otras agrupaciones) triunfó el 11 de marzo de 1973 con el 49,59 % de los votos, por sobre la fórmula radical encabezada por Balbín.

Cámpora y el regreso de Perón

El 25 de mayo de 1973, mientras el centro de Buenos Aires vivía una fiesta carnavalesca, Héctor Cámpora asumió la presidencia de la Nación. Después de dieciocho años de proscripción, el peronismo volvía al poder. En los alrededores del Congreso más de un millón de personas festejaban la partida de los militares. En medio de palabras y acciones de rechazo a las FFAA y a los símbolos de la presencia norteamericana en la Argentina, Lanusse era agredido y escupido. Estos recuerdos del "poder de la chusma" y la anarquía quedaron muy grabados en las mentes de los militares, y reaparecerían en posteriores discursos de Videla.

Cámpora reconoció a los Montoneros su contribución otorgándoles a muchos de sus cabecillas importantes puestos en el gobierno y declarando una amnistía general para todos los guerrilleros encerrados como presos políticos. También reemplazó a toda la plana mayor del Ejército, haciendo fracasar la "salida honorable" planeada por Lanusse.

Una vez que el peronismo volvió al poder, el ERP continuó armándose para la gran contienda militar revolucionaria. Los montoneros, en cambio, habían logrado su objetivo principal. Ahora comenzaron a prepararse para el próximo, la patria socialista nacional, para lo que pensaban heredar el liderazgo del movimiento de Perón. Ambos grupos, por razones diferentes, siguieron ampliando sus organizaciones.

La izquierda y la derecha peronistas luchan por el control del espacio político

El 20 de junio de 1973 Perón regresó definitivamente. No eran las circunstancias del Perón gobernante del ‘46 al ‘55, ni del Perón exiliado y mítico del ‘55 al ‘72. El liderazgo permanecía, pero el contexto era muy diferente. El carisma debía probarse ahora en el llano, en medio de una sociedad conmovida por las crisis recurrentes y la cultura de la violencia.

En Ezeiza pudo observarse lo que sería el prólogo para las sangrientas luchas internas que el peronismo viviría después: a medida que se aproximaban a recibir a su líder, las columnas de Montoneros, FAR y JP fueron ametralladas por elementos de la derecha peronista (que más tarde integrarían la Alianza Anticomunista Argentina - Triple A), perdiendo la vida más de 25 personas. Por más que los autores eran conocidos y hasta se publicaron fotografías de los mismos, Perón simplemente no hizo nada al respecto.

Perón ganó las elecciones del ‘73 con el 61,8 % de los votos. Inmediatamente después de su asunción, la JP y el peronismo de izquierda en general, empezaron a ver atónitos como Perón defendía a los líderes sindicales y a la derecha peronista y castigaba verbalmente a los "grupos marxistas terroristas y subversivos" supuestamente "infiltrados" en el movimiento. La izquierda estoicamente mantenía su lealtad y disciplina al verticalismo peronista:

"Quien conduce es Perón, o se acepta esa conducción o se está afuera del Movimiento... Porque esto es un proceso revolucionario, es una guerra, y aunque uno piense distinto, cuando el general da una orden para el conjunto [del Movimiento], hay que obedecer"

El Descamisado, nº 26, 13 de noviembre de 1973

La izquierda peronista no podía creer que el Perón revolucionario que ellos creían conocer se había pasado para el otro bando. Empezaron a fantasear sobre su "extraño" comportamiento, atribuyéndolo al círculo de traidores, burócratas e imperialistas que lo rodeaba, encabezado por el ministro de Bienestar Social José López Rega.

López Rega era quien estaba detrás de la AAA y quien reclutaba entre otros a numerosos policías que habían sido expulsados por gangsterismo y reincorporados antes de la asunción de Perón (López Rega era él mismo un policía retirado). En este "Escuadrón de la Muerte" adquirieron experiencia muchos de los que después integrarían las brigadas de represión del Proceso. Tan sólo en el período 1973 - 1974 la AAA y otros comandos fascistas habían asesinado a más de doscientos peronistas revolucionarios, militantes de izquierda no peronistas y refugiados políticos extranjeros, y esto fue meramente el inicio. No cabe duda de que nunca hubieran sido capaces de lograr tal mortal eficacia de no haber sido por la tolerancia y la participación activa del mando de la Policía Federal.

En enero de 1974, y luego de varias acciones pro-derechistas de Perón, los Montoneros dieron finalmente cuenta de su engaño:

"[Antes de su retorno, habíamos] hecho nuestro propio Perón, más allá de lo que es realmente. Hoy que está Perón aquí, Perón es Perón y no lo que nosotros queremos".

Mario Firmenich, enero de 1974, en conferencia ante la JP

En la reunión del Día del Trabajador de 1974 en la Plaza de Mayo sucedió la inevitable ruptura. Al salir Perón al balcón se encontró con un escenario que lo irritó sobremanera: los Montoneros, que sumaban dos tercios de un total de 100.000 asistentes, habían llenado la plaza con estandartes de su Movimiento, silbaban a Isabel Perón, y coreaban coplas del tipo de "Si Evita viviera sería Montonera", y "Qué pasa (...) general, que está lleno de gorilas el gobierno popular". Perón, furioso, abandonó su discurso de unidad nacional y comenzó a echar diatribas contra los revolucionarios: "estos estúpidos que gritan", "algunos imberbes pretenden tener más méritos que los [líderes sindicalistas] que lucharon durante veinte años", "[los miembros de la Tendencia Revolucionaria] son infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera, sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios que trabajan al servicio del dinero extranjero", en fin, no ocultó la verdadera repulsión que la izquierda le producía. La JP, a su vez, respondió marchándose de la Plaza, dejándola semivacía. Ya nada podía esperarse de un Perón que una semana después daba personalmente la bienvenida al general Pinochet, quien ocho meses atrás había derrocado al gobierno socialista chileno de Salvador Allende.

El pandemónium

El 1º de julio de 1974, murió en su cargo de presidente Juan Domingo Perón, a la edad de setenta y ocho años. Su esposa María Estela Martínez asumió la presidencia, bajo la conducción derechista de López Rega. El frente peronista se fue fracturando aún más y el terrorismo guerrillero se consolidó y agrandó. Los Montoneros decidieron "volver a la resistencia" clandestina para reformar la sociedad sin Perón, abandonando definitivamente la esfera legal. A partir de entonces se alejaron cada vez más de la guerra de guerrillas urbana para acercarse cada vez más al ERP y al terrorismo político, cuyas víctimas muchas veces eran civiles que no integraban el gobierno ni las fuerzas de seguridad.

A principios de 1976, cada cinco horas se cometía un asesinato político y cada tres estallaba una bomba. Esta violencia política indiscriminada le granjeó a los guerrilleros el desprecio de gran parte de la opinión pública que simpatizaba con ellos cuando eran una joven agrupación que luchaba contra la Revolución Argentina y por el regreso de Perón. Del mismo modo aumentó el terrorismo estatal: la acción guerrillera constituía una grave amenaza para amplios sectores de la sociedad argentina y para la seguridad del Estado.

Además de la violencia política reinante, la inquietud obrera se estaba generalizando de nuevo. A pesar de que las huelgas estaban prohibidas, importantes sectores del movimiento obrero recurrieron a ellas, así como a marchas de hambre, trabajo a reglamento y manifestaciones callejeras, en un esfuerzo destinado a cambiar la política económica del gobierno. Con una inflación mayor a la de Alemania en el período 1921-1922, y al borde de la cesación de pagos internacionales, el gobierno constitucional había perdido el control de las variables claves del manejo económico. El vacío de poder que desde la muerte de Perón aquejaba al país, dejaba al gobierno peronista incapaz de ofrecer solución a los problemas vigentes, ante la oposición que le demostraban tanto los empresarios como los obreros.

Ante todo esto, las FFAA lideradas por Videla actuaron sagazmente, sin intervenir hasta que la situación empeoró hasta tal punto que los civiles fueron a golpear las puertas de los cuarteles. De esta manera probaron la absoluta falencia del régimen constitucional y lograron que la opinión publica apoye o se resigne nuevamente ante la opción militar.

El Proceso de Reorganización Nacional

El 24 de marzo de 1976, la Junta Militar encabezada por el teniente general Jorge Rafael Videla por el Ejército, el almirante Emilio Eduardo Massera por la Marina y el brigadier general Orlando Ramón Agosti por la Fuerza Aérea, depuso al gobierno constitucional de Isabel Perón con el objeto de "terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo". Denunciaban "la irresponsabilidad en el manejo de la economía", las malversaciones, ya públicas, de Isabel Perón y su administración y el "tremendo vacío de poder" existente que amenazaba a la Argentina con "la disolución y la anarquía". Desgraciadamente, casi todo esto era cierto, y muchos argentinos les creyeron.

Como en 1966, pero mucho más severamente, fueron disueltos el Congreso y las legislaturas provinciales; la presidente, los gobernadores y los jueces, depuestos; y fue prohibida la actividad política estudiantil y de los partidos. La UIA, la CGE, la CGT y los sindicatos más importantes fueron intervenidos, sus fondos congelados; y las actividades relacionadas con las huelgas y las negociaciones colectivas, declaradas ilegales. Se establecieron consejos de guerra militares con poderes para dictar sentencias de muerte por una gran variedad de delitos y para encausar sumariamente a todo aquel que se sospechase subversivo. El mensaje oficial era que sólo "los corruptos, los criminales y los subversivos tendrían que temer a la nueva autoridad".

Desde la crisis del petróleo del ‘73, había en los bancos de los países occidentales industrializados, principalmente norteamericanos, muchas divisas que los exportadores de este producto habían depositado. Estos capitales debían ser prestados, por lo que desde el FMI se creó la conciencia de que era bueno para un país en desarrollo como la Argentina recibir inversiones. Aunque por la inestabilidad política del país sólo se contrajeron préstamos y deudas, el régimen militar aplicó esta receta fondomonetarista. Mediante la apertura indiscriminada de los aranceles externos, la disminución del poder adquisitivo de la clase obrera y la sobrevaloración del peso (que dificultaba las exportaciones y estimulaba las importaciones), se procedió a una substancial desindustrialización del país, definitivamente favorable al capital extranjero. Aquí vemos el principal interés norteamericano por derrocar al régimen peronista.

Un año después, incluso muchos de los que habían apoyado el golpe se sentían alarmados ante la profundización de la crisis económica y los duros atropellos a las libertades democráticas que el régimen infligía. Estas dos cuestiones se relacionaban, ya que para imponer la política económica neoliberal de Martínez de Hoz era necesaria una amplia represión, cuyo concepto militar de "subversión" era bastante amplio. En las palabras de Videla: "un terrorista no es sólo el portador de una bomba o una pistola, sino también el que difunde ideas contrarias a la civilización cristiana y occidental".

Los métodos que las FFAA pusieron en práctica para eliminar la subversión tomaron por sorpresa a los opositores, guerrilleros y sospechosos detenidos: campos de concentración clandestinos, centros de tortura y unidades especiales militares y policíacas, cuya función era secuestrar, interrogar, torturar y matar. Las prácticas comunes de tortura eran la picana, el submarino (inmersión), la violación, y el encierro con perros feroces adiestrados, hasta que las víctimas quedaban casi descuartizadas. A los que sobrevivían, una vez extraída toda la información útil, se los "trasladaba". En una primera fase, a los trasladados se los acribillaba a balazos, se los estrangulaba o se los dinamitaba. Más tarde, por temor a las presiones internacionales por los derechos humanos, se los "desaparecía" sin más ni más, arrojándolos sedados al mar desde un avión, por ejemplo.

La represión se dirigió principalmente a los cuadros intermedios de las organizaciones opositoras, como los delegados de fábrica, quienes hacían la sinapsis entre la cúpula y los militantes de base. Así pasó con los Montoneros, cuyos dirigentes escaparon (muchos de ellos del país) y dejaron a la deriva a los personajes de segunda línea. En dos años esta agrupación ya había sido liquidada, esencialmente por las delaciones de ex-compañeros. En el caso del ERP, se desbarató toda su estructura, "desapareciendo" tanto a militantes como a cabecillas, presumiblemente por su estructura menos verticalista.

El saldo del Proceso militar fue, entre otras cosas, 30.000 desaparecidos, triplicación de la deuda externa, alta inflación, desindustrialización, fuerte caída del PNB y una indeleble lección histórica.

En 1983, agobiados por la situación económica, debilitados por la derrota de Malvinas, y presionados por la opinión pública nacional e internacional, los militares devolvieron el gobierno a los civiles en las elecciones en las que triunfó el Dr. Raúl Alfonsín por la UCR, apoyado en el recuerdo que la sociedad tenía del último gobierno peronista.

1974:La agonía del gobierno peronista

La bajo el liderazgo del General Perón, un conjunto de fuerzas coexistieron de manera permanente. Sin embargo, las mismas quedaron sin control desde el día mismo de su muerte. Pero, el punto son retorno surge justamente antes de julio de 1974, dejando visiblemente certera la ruptura entre las facciones peronistas.

Sumado a ello, este deceso tan importante despojó al gobierno de una conducción legítima y aceptada por la totalidad del conjunto peronista, asegurando esta gobernabilidad, mediante la reformulación de acuerdos políticos.

José López Rega, ministro de acción Social y secretario privado de Perón, fue quien acompaño y aconsejó de manera influyente a la viuda del presidente, que ocupó el lugar, ejerciendo de manera fluctuante la dirección ejecutiva. (En la foto Hectór Cámpora saluda al presidente saliente Alejandro Lanusse en 1973)

El sindicalismo, además del entorno presidencial, fue otro factor de poder en el seno del gobierno. Tal es así, que se dedicaron a deshacer el esquema político que con tanto esfuerzo había diseñado Perón, porque se sintieron relevados de sus compromisos, los cuales habían sido asumidos recién en 1973. Además, estos creían que el movimiento obrero debía entrar en la etapa política abierta con la muerte del presidente, los cuales dejaba sin efecto a los viejos compromisos con el gobierno.

A tal punto que la dirección de la CGT pasó a manos de los sindicalistas, pocos meses después de la muerte de Perón. Esta nueva dirigencia de igual manera negoció con el gobierno, objetivos diferentes. Su base estaba en la reformulación del Pacto social y del desplazamiento de los líderes sindicalistas y políticos, que no concuerden con las ideas del oficialismo cegetista.

Perón y su esposa "Isabel" Martínez cuando asumían la presidencia de la república Argentina el 12 de octubre de 1973

Tal es así, que Gelbard (Ministro de Economía, que Perón había apoyado con firmeza) renuncia con motivos de la concesión de la renegociación del pacto social. Suceso además, que lleva a una reorganización del gobierno. Resultado final: López Rega en la cúspide de su poder. Ello fortaleció a la burocracia sindicalista, período coincidente con una intensificación de la violencia.

El proyecto de institucionalización política de Perón, tenía como eje central un conjunto articulado de acuerdos, los cuales a mediados de 1975 fracasaron, y llevaron a reflejar que nuestro país marchaba sin rumbos. Sin embargo, los problemas se agudizaron aún más, cuando al Ministerio de Economía llega Celestino Rodrigo. Este último apoyado por López Rega, adoptó una serie de medidas: la devaluación del peso (entre un 100% y un 160%), el precio de la nafta sufrió un incremento del 181%, sumado a los precios del trasporte (75%), entre otras. Estas medidas se conocieron como el “Rodrigado”, y significaban una fuerte transferencia de ingresos a favor de las exportaciones agropecuarias, un gran impacto en los precios internos y un violento recorte del poder adquisitivo de los salarios. La consecuencia inmediata fue una brusca inflación y una crisis política. Crisis que provocó una exitosa huelga general declarada por la CGT, que se tradujo finalmente en el desplazamiento de Rodrigo y López Rega.


LOPEZ REGA: EL RASPUTIN ARGENTINO: López Rega nació un 17 de octubre y su madre murió en el parto; fue un muchacho educado, cuidadoso en los modales y respetuoso en el trato, pero introvertido; tenía una biblioteca que cubría toda una pared y se interesaba especialmente en temas espirituales; a los 19 años jugaba al fútbol e integró la tercera especial de River Plate; se casó a los 27 años y se incorporó a la Policía Federal en 1944. Sus dos pasiones fueron el canto lírico y el esoterismo.

Una noche de 1943, tristemente ataviado con un traje de etiqueta alquilado y perfumado con una colonia barata, el hombre subió al escenario del Club El Tábano, de Saavedra, y entonó un bolero, al frente de una orquesta que él mismo había contratado. Su debut frente al micrófono fue casi debut y despedida: una seguidilla de necesidades económicas lo llevarían a alistarse poco tiempo después en la Policía Federal. El cantante frustrado tenía la certeza de que el nuevo trabajo terminaría con las penurias que lo llevaban a enredarse en largas disputas verbales con su esposa, Josefa Flora Maseda.

Ni sus más íntimos imaginaban, por entonces, que aquel hombre gris y menor se convertiría en uno de los personajes más influyentes y nefastos de la política argentina. El cantante frustrado que se convirtió en policía se llamaba José López Rega (1916-1989) y buena parte de su época lo identificaba como “El brujo”.

Isabel Perón se alejó temporariamente del gobierno, que quedó en manos del presidente del Senado, Ítalo Luder (foto izquierda). El ministro de Economía, Antonio Cafiero, apoyado por la CGT, procuró infructuosamente controlar la inflación.

El retorno de Isabel Perón a la presidencia, la crisis interna del peronismo, la agudización de la violencia política, y la falta de colaboración —en muchos casos, abierta oposición— del empresariado y las Fuerzas Armadas, quitaron al gobierno toda base de apoyo.


Un golpe anunciado Los militares volvieron al gobierno, tras la brecha abierta por la descomposición del gobierno, el descontrol económico y la violencia política vivenciada en esta época. Así, el general Jorge R. Videla (Ejército), el almirante Emilio E. Massera (Marina) y el brigadier Orlando R. Agosti (Aeronáutica); los tres comandantes de la armada, integraron la llamada Junta Militar, que el 24 de Marzo de 1976 derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Esta nueva intervención militar, fue totalmente diferente a las anteriores, y se hizo llamar “Proceso de Reorganización Nacional”.

Masera-Videla-Agosti
Representantes de las Tres Fuerzas Armadas

Igual que años anteriores, los sectores capitalistas y una gran parte de la población espera que el nuevo gobierno militar reestableciera el orden y normalizara la economía, ante la aguda crisis que atravesaba Argentina. En última instancia, el golpe de 1966 había originado un gobierno sostenido por las Fuerzas Armadas; pero en 1976 las características de este gobierno eran en base a un ejercicio en forma directa y en todos sus niveles por las Fuerzas Amadas. Al respecto, el 25 de mayo de 1976 el nuevo presidente, el general Jorge R. Videla señala:

“Las Fuerzas Armadas no fueron escuchadas. Como consecuencia de ello y previendo la inexorabilidad de la crisis, se prepararon para hacer frente a esta situación y las Fuerzas Armadas, como institución, dieron una respuesta institucional a una crisis también institucional.”

La sociedad Argentina, era el punto central de transformaciones propuestas por este gobierno militar. Ya que la idea no se fundaba simplemente en corregir una política económica, de resolver una crisis institucional o de derrocar a la guerrilla. Por que para ello solo hubiese bastado algunos cambios dentro de la legalidad constitucional. La existencia misma de una nación, era el cuestionamiento que se planteaba la Junta Militar. “Reorganizar” la sociedad argentina, era entonces la solución a esta crisis, era un “proceso” que no tenía “plazos” pero si “objetivos”: crear un ser occidental, nacional y cristiano.

La represión política y social (que buscaba eliminar a todos aquellos que se opusieran a sus objetivos), sumado a la desarticulación de las bases de la economía industrial (es decir, abandonar por completo el modelo industrialista iniciado 40 años atrás y producir una mayor concentración de la riqueza) y ejercicio autoritario del poder, fueron las expresiones que fundaron esta “reorganización”. Sin embargo, la derrota en la Guerra de Malvinas, fue el producto que sirvió para el derrocamiento del gobierno militar, acelerando se desgaste y llevando a Galtieri a renunciaren Julio de 1982.

Uno de los rasgos fundamentales de este gobierno militar fue la represión ilegal, desarrollado con gran tenacidad entre los años 1976 y 1978. Este rótulo de ilegalidad no se acuñe porque sólo fue llevada a cabo por el gobierno de facto, sino fundamentalmente porque se violaba la legalidad establecida por ese mismo gobierno. Tal es así, que la represión era organizada de manera sumamente planeada, y dirigida por los más altos niveles de decisión político y militar. Pero hay que agregarle otra particularidad, al mismo tiempo fue clandestina. Quienes fueron receptores de la misma, eran aquellos integrantes de las organizaciones guerrilleras que se comprometían con la lucha armada. No obstante, no fueron los únicos, sino que se extendió a aquellos actores sociales y políticos totalmente desvinculados de esta participación guerrillera.

El decreto N° 6 de la junta Militar suspendió “la actividad política y de los partidos políticos, en jurisdicción nacional, provincial y municipal”. La ley Nro. 21.261 dispuso ‘transitoriamente” la suspensión del “derecho de huelga, como así también el de toda otra medida de fuerza, paro, interrupción o disminución del trabajo o su desempeño en condiciones que de cualquier manera puedan afectar la producción, tanto por parte de trabajadores como de empresarios y de sus respectivas asociaciones u organizaciones”.

Así este gobierno militar, también suprimió los derechos civiles y las libertades públicas, anulando las garantías constitucionales y por lo tanto, creando nuevos instrumentos. Un hecho que tuvo grave consecuencias fue la suspensión de la vigencia de la última parte del artículo 23 de la Constitución nacional, quien establece que en ciertas condiciones el gobierno puede declarar estado de sitio. La suspensión de esta garantía individual se vio agravada porque el Poder Ejecutivo, decide poner a su disposición una numerosa cantidad de detenidos.

En el primer año de dictadura ya había más de quince mil desaparecidos, diez mil presos,
cuatro mil muertos y decenas de miles de exiliados.

Con un total verificado de más de trescientos, los centros clandestinos, fueron los sitios elegidos para llevar a cabo las modalidades de represión, como secuestro, detención, tortura, y en la mayoría de los casos ejecución. Así, la pena de muerte fue implantada por la Junta Militar, aunque siempre fuera de la ley, es decir que no se aplicaba legalmente la misma. Algunas estimaciones hablan de diez mil casos comprobados (algunos triplican la cifra), incluyendo en estas a personas detenidas y ejecutadas clandestinamente por las fuerzas de seguridad. Pero aquí surge una figura jurídica muy nombrada en nuestros días “desaparecidos” (implica la desaparición forzada de personas.

No obstante, la población argentina en su totalidad vivió un clima de miedo de censura, consecuencia de esta represión vivenciada. El gobierno estableció además, un duro control sobre los medios de comunicación y la vigilancia de todas las manifestaciones artísticas. La acción coactiva del Estado terrorista silenció cualquier tipo de opinión o información que se consideraba como peligrosa para el gobierno.

Difíciles divisiones internas atravesaron el gobierno militar desde su inicio, aunque su objetivo siempre fuese pretender el equilibrio y firmeza. Estas desintegraciones derivaron en buena medida de la particular traducción a la acción que adquirió la decisión de asumir institucionalmente el gobierno. La distribución de la administración pública en todos sus niveles y modalidades en partes iguales, es decir, la nacional, provincial, municipal, empresas del estado, universidades; fue el principio general que garantizó la participación de las tres fuerzas en el gobierno.

Así, una tercera parte de los cargos públicos quedó para cada cuerpo de oficiales de cada fuerza. Las anteriores intervenciones militares, que contaron con mayor peso de funcionarios civiles en la administración pública, se diferenciaron justamente de este gobierno del “Proceso”, en cuanto a la decisión anterior. Ya que la misma revelaba la índole de las relaciones entre las fuerzas, caracterizadas por una profunda desconfianza. Los oficiales de las Fuerzas Armadas tuvieron en sus manos, entre 1976 y 1981, la gran mayoría de los altos cargos de la administración pública.

Esto llevó a que cada funcionario pase a depender de dos jefes: su superior jerárquico en el escalafón de la administración pública y su superior militar; perjudicando finalmente el funcionamiento del Estado, fragmentándolo además en múltiples unidades que a su vez gozaban de una autonomía de hecho, con los previsibles efectos de la corrupción. Asimismo, el gobierno de “Proceso” y su ordenamiento institucional y jurídico, se caracterizaron por su incoherencia y arbitrariedad. A tal punto de no cumplir con las leyes que el mismo había dictado, su evidencia más visible: la acción represiva.

Estado legal, Estado Clandestino

“El Estado se vio afectado de forma más profunda aún. El llamado Proceso de Reorganización Nacional supuso la coexistencia de un Estado terrorista clandestino, encargado de la represión, y otro visible, sujeto a normas, establecidas por las propias autoridades revolucionarias pero que sometían sus acciones a una cierta juridicidad. En la práctica, esta distinción no se mantuvo, y el Estado ilegal fue corroyendo y corrompiendo al conjunto de las instituciones del Estado y a su misma organización jurídica.

La primera cuestión oscura era dónde residía realmente el poder, pues pese a que la tradición política del país era fuertemente presidencialista, y a que la unidad de mando fue siempre uno de los principios de la Fuerzas Armadas, la autoridad del presidente —al principio el primero entre sus pares, y luego ni siquiera eso— resultó diluida y sometida a permanente escrutinio y limitación por los jefes de las tres armas."
LUIS ALBERTO ROMERO
Breve Historia Contemporánea de Argentina (1994)

La Economía Durante el Gobierno Militar (ampliar)

La política económica del gobierno militar fue decidida y ejecutada durante cinco años por José Alfredo Martínez de Hoz. Ministro de economía entre 1976 y 1981. Martínez de Hoz concentró un enorme poder, que le permitió tomar decisiones que transformaron profundamente el funcionamiento de la economía y la sociedad argentinas.

El programa económico que Martínez de Hoz presentó al país el 2 de abril de 1976 era de inspiración liberal y postulaba la necesidad de pasar de una economía de especulación a una de producción, por medio del estímulo a la libre competencia y la limitación del papel del Estado en la economía. Estos objetivos no fueron alcanzados. Por el contrario, el resultado de la política económica de Martínez de Hoz fue un crecimiento explosivo de la especulación financiera y una caída dramática de las actividades productivas.

En un primer momento, el gobierno militar tomó una serie de medidas de estabilización —que contaron con el apoyo del Fon-do Monetario Internacional y la banca privada extranjera— para controlar la inflación, reducir el déficit fiscal y equilibrar el sector externo. Se devaluó la moneda, se redujo el déficit del sector público —en buena parte congelando los salarios— y se consiguió financiamiento externo. La política económica tuvo un sesgo fuertemente antiobrero: se suspendió el derecho de huelga y se redujo la participación de los asalariados en el PBI (producto bruto interno).

Una vez controlada la crisis abierta con el Rodrigazo, el equipo económico definió y llevó adelante dos medidas principales: la apertura de la economía y la liberalización de los mercados financieros.

La apertura de la economía era la apertura del mercado interno a la competencia exterior —no la promoción de la exportación de la producción nacional—. El instrumento principal de esta política fue la reducción de los aranceles de importación. Posteriormente, la sobrevaluación del peso se sumo a esta medida, lo que comprometió seriamente la actividad productiva —afectada además por las altas tasas de interés—.

La liberalización del mercado financiero se llevó a cabo con la liberación de la tasa de interés y la autorización para el funcionamiento de nuevos bancos e instituciones financieras. Sin embargo el Estado, que renunciaba a los controles, garantizaba los depósitos a plazo fijo tomados por entidades financieras privadas.

En 1978 el gobierno militar estableció una pauta cambiarla —conocida popularmente como la “tablita”— que determinaba una devaluación mensual del peso. Esta devaluación era decreciente y tendía a cero. El objetivo declarado de esta medida era controlar la inflación. Este objetivo no se alcanzó. En cambio, lo que se fomentó fue una fuerte especulación con una gran masa de dinero colocada a corto plazo —favorecida por la abundancia de dólares en el mercado internacional— basada en la existencia de altas tasas de interés y la garantía del Estado sobre el precio de recompra de los dólares.

Algunas palabras y frases de uso habitual en la época —“plata dulce”, ‘bicicleta”,"deme dos"— dan cuenta de las características de un período de prosperidad artificial y de especulación financiera.

La euforia financiera contrastaba con el comportamiento del sector productivo, apremiado por el endeudamiento. El sector industrial, en particular, sufrió una profunda mutación, que incluyó una caída en su producción, una disminución de la mano de obra ocupada y el cierre de numerosas plantas.

El esquema de Martínez de Hoz estalló en 1980, de la mano de la quiebra de importantes entidades financieras —entre ellas uno de los mayores bancos privados— y el Estado terminó haciéndose cargo de los pasivos de los bancos quebrados.

El Campeonato Mundial de Futbol de 1978 se celebró en Argentina y contó con el decidido apoyo de la dictadura militar

En 1981, el general Viola reemplazó en la presidencia a Videla, y Martínez de Hoz también fue reemplazado. En ese año, el descalabro económico llegó al extremo. El gobierno dispuso una devaluación del peso del 400%, al tiempo que la inflación llegaba al 100% anual. Esta devaluación tomó impagables las deudas en dólares de las empresas privadas. El Estado nacionalizó las deudas, lo que acrecentó el endeudamiento público.

A pesar de su carácter liberal, la política económica de Martínez de Hoz incluyó una expansión considerable del papel del Estado en la esfera económica. Esto se debió en parte a la decisión de la cúpula militar de mantener en la órbita estatal a las empresas públicas —cuyos directorios, por otro lado, fueron ocupados por militares—. Además, durante este período creció la inversión pública. Muchas obras públicas fueron ejecutadas por contratistas privados y algunas empresas del Estado privatizaron parte de sus actividades —lo que se llamó “privatización periférica”—.

En este último caso se incluyó la subcontratación de tareas de búsqueda y explotación petrolera y de tareas de reparación de materiales y mantenimiento de vías en los ferrocarriles, la provisión de equipos telefónicos, la recolección de residuos y el mantenimiento del alumbrado público en la ciudad de Buenos Aires. Alrededor de estas actividades se fue configurando un poderoso grupo de empresas contratistas del Estado.

Otras áreas de crecimiento del gasto público fueron la estatización de empresas privadas en dificultades —como la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad y la compañía Austral— y la notable expansión del gasto militar.

En 1978, el conflicto limítrofe con Chile por la zona del canal Beagle estuvo a punto de desencadenar una guerra. Las Fuerzas Armadas fueron reequipadas con vistas al enfrentamiento y movilizaron tropas hacia la frontera. La guerra se impidió por la mediación del Papa Juan Pablo II.

Ver: Operativo Soberanía





Entre la apertura y la guerra: El estallido del programa económico coincidió con el cambio de presidente. El débil ganador en la puja interna de la cúpula militar fue el general Roberto Viola, designado presidente por la Junta de comandantes, en septiembre de 1980. Viola, que asumió en marzo de 1981, se propuso modificar la orientación de la política económica y encontrar una salida política para el régimen militar.

Este intento de cambio obedecía a la percepción por parte de una fracción del Ejército del fracaso de la política de Martínez de Hoz y de la necesidad de buscar nuevos aliados. Viola dividió el Ministerio de Economía en cinco carteras, con el propósito de “despersonalizar” la política económica, incorporó una mayoría de civiles al gabinete, produjo un acercamiento con los sectores propietarios —nombró dirigentes representativos del sector rural y del industrial en los ministerios de Agricultura e Industria— e inició un diálogo con sindicalistas y políticos.

Este intento de encontrar nuevas bases de apoyo para el régimen militar fracasó. En el terreno político, la apertura fue recibida con frialdad por las principales fuerzas políticas, que dudaban de la representatividad de Viola dentro de las Fuerzas Armadas y, por consiguiente, de la viabilidad de su política. En julio de 1981, se constituyó la Multipartidaria —convocada por la Unión Cívica Radical e integrada por los partidos

Justicialista, Intransigente, Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo—, con la finalidad de ofrecer un bloque político unificado “tendiente a recuperar la vigencia de las instituciones democráticas y a ofrecer al país, coyunturalmente, una propuesta de solución ante la emergencia nacional”.

Sin embargo, la oposición decisiva al proyecto de Viola provino del frente interno militar. Esta oposición se manifestó como un conflicto de poderes entre la Junta Militar y el presidente, que culminó con el desplazamiento de Viola, en diciembre de 1981. Su reemplazante fue el general Leopoldo F. Galtieri. (foto arriba)

Galtieri intentó restablecer la imagen de autoridad del gobierno militar y retomar la orientación liberal de la política económica, que quedó en manos de un nuevo ministro de Economía, Roberto Alemann (foto izquierda). Endureció las relaciones con los partidos políticos y con el sindicalismo, que por su parte endurecieron también su oposición. Una masiva concentración promovida por la CGT-Brasil —el ala más combativa del sindicalismo, diferenciada de la CGT-Azopardo, más conciliadora—, el 30 de marzo de 1982, fue duramente reprimida. Pero la magnitud y el carácter de la movilización mostraron que la oposición social y política había crecido.

Tres días más tarde, el régimen militar —que en 1978 había llevado al país al borde de la guerra con Chile, evitada por la mediación del Papa— inició su última etapa, con la ocupación militar de las islas Malvinas.

La Guerra de las Malvinas: El 2 de abril de 1982 el gobierno ocupó por la fuerza las islas Malvinas. La ocupación, si bien se originó en una decisión tomada en secreto por unas pocas personas y sin calibrar adecuadamente sus posibles consecuencias militares y políticas, contó con un amplio respaldo popular. (Ver: La Junta Decide Tomar Las Islas Malvinas)

El gobierno imaginó que la recuperación de las Malvinas iba a resolver sus problemas políticos, en un momento en que el rumbo de la experiencia militar se veía comprometido. Al principio, eso pareció posible. Pero el gobierno había subestimado la respuesta de Gran Bretaña y creyó además que los Estados Unidos —cuyo principal aliado era precisamente Gran Bretaña— apoyarían la acción argentina.

La reacción británica —en buena medida motivada por razones de política interna— fue dura. El gobierno de Margaret Thatcher decidió enviar una poderosa flota y fuerzas militares para recuperar las islas. Los Estados Unidos, después del fracaso de la mediación del general Haig —que procuró que el gobierno argentino aceptara la resolución 502 de las Naciones Unidas y retirara las tropas de las islas— apoyaron decididamente a su principal aliado.

El gobierno militar decidió controlar estrictamente la difusión de noticias acerca de la evolución política y militar del conflicto, y creó un clima triunfalista que no se correspondía con el curso real de los acontecimientos.

En el plano de la política internacional, la Argentina recibió la adhesión de los países de América latina y del Movimiento de Países No Alineados, pero quedó aislada de las potencias occidentales. Un intento desesperado del gobierno argentino por cambiar sus alianzas y conseguir el apoyo de la URSS tampoco prosperó. En el plano militar, el poderío y la organización británicos superaron al caótico e improvisado dispositivo militar argentino. El 14 de junio de 1982, el mando militar argentino en Malvinas capituló ante los jefes británicos.

...El 15 de junio de 1982, las tropas argentinas se rindieron ante las inglesas. La guerra por las Malvinas había terminado. También empezaba el fin de la dictadura militar. (Foto: Archivo General de la Nación)


De Carter a Reagan


Las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos durante el “Proceso’ atravesaron dos atapas diferenciadas. En la primera, el gobierno de los Estados Unidos estaba en manos de James Carter, del partido Demócrata, que hizo de la defensa de los derechos humanos una de sus prioridades en América latina. Esta orientación lo llevó a un conflicto permanente con el gobierno argentino, que violaba sistemática­mente los derechos humanos.

El cambio de administración —cuando el republicano Ronald Reagan reemplazó a Carter— tuvo como consecuencia un cambio de política con respecto a la Argentina. Reagan, que buscaba aliados para su política exterior, encontró en Galtieri un entusiasta adherente, dispuesto a aline­ar a la Argentina con la política exterior norteamericana y a intervenir militarmente en América central. Los Estados Unidos, por su parte, levantaron las sanciones que la administración Carter había impuesto a la Argentina. Galtieri, entusiasmado con los elogios norteamericanos e ignorante de la importancia relativa de los aliados de Estados Unidos, supuso que este apoyo se traduciría en una neutralidad benévola en el conflicto que pensaba iniciar con Gran Bretaña.

Dadas las condiciones militares del conflicto y el control de la información por parte del gobierno, la derrota militar fue a la vez inevitable e inesperada. Una de sus consecuencias principales fue la descomposición inmediata del gobierno militar. Galtieri renunció, la Marina y la Fuerza Aérea se retiraron de la Junta y el comandante en jefe del Ejército designó a un nuevo presidente, el general Reynaldo Bignone.

SÍMBOLO DE LA DEMOCRACIA NACIONAL
"Con la democracia se come, se cura y se educa"


Dr. Ricardo Alfonsín
10-12-1983


SÍNTESIS DE CONTENIDO (consejo: Trata de ver los videos de Pigna-Hamra sobre Historia Argentina)

Luego de casi ocho años de interrupción democrática a manos de las Juntas Militares, terrorismo de Estado y vuelco total de la economía nacional desde los sectores de la producción y la industria a los de las finanzas y los servicios. y tras la guerra de Malvinas, se reiniciaba el camino dala normalización institucional.

En las elecciones de 1983, Raúl Alfonsín se adjudicó el 51.7% de los votos contra el 40,1% de Italo Argentino Luder. convirtiéndose en el primer postulante radical en derrotara un justicialista.

La U.C.R. estableció también un precedente histórico al obtener 128 de las 254 bancas que componían a Cámara de Diputados, 16 más que el PI y con ello la mayoría absoluta.

En el interior hicieron sentir su fuerza el P.J. y las pequeñas formaciones regionales conservadoras. La UCR sólo ganó los gobiernos de siete de las veintitrés provincias. Esta desequilibrio entre el peso electoral de la UCR a nivel nacional y el predominio geográfico del P.J., más homogéneamente implantado en las provincias, quedó reflejado en el Senado, donde de los 46 miembros del partido de Alfonsín sólo conquisté 18 bancas, es decir, la minoría.

Durante su campaña, Alfonsín fue el candidato que más claramente habló sobre el futuro papel de has Fuerzas Armadas como institución subordinada al poder civil, y en particular a él como Comandante en Jefe en su carácter de Presidente de La Nación. Propuso recortar en un tercio el presupuesto militar y que la lucha antisubversiva quedara en manos deja policía dentro del marco de la ley y el respeto a los Derechos Humanos.

Anuncié además un reordenamiento de los sindicatos, hasta entonces mayoritariamente en manos peronistas. Indicó que el objetivo era democratizar tas instituciones gremiales y hacerlas representativas de la mayoría de los trabajadores. Señalé la existencia de un pacto militar-sindical que atentaba contra la democracia argentina y se propuso desbaratarlo apenas asumiera la Presidencia de a Nación.

El electorado no se volcó a la propuesta del radicalismo por sus promesas de progreso económico, sino porque Alfonsín irrumpía como la garantía de una normalización institucional donde la Libertad, la paz, la democracia y el respeto por las garantías individuales y los derechos humanos -mutilados por las Juntas Militares- expresaban justicia y modernidad.

El Gobierno de Raúl Alfonsín estuvo signado por tres hechos o temas fundamentales relacionados a la temática militar: el juicio a los ex comandantes, la política de derechos humanos y el problema militar en si mismo, no sólo con temas relacionados con las fuerzas en forma interna, sino también con los diversos levantamientos que tuvo que afrontar.

La dictadura militar había provocado una profunda fractura entre la sociedad y les Fuerzas Armadas. Esto se debía al rotundo fracaso del Proceso de Reorganización Nacional para solucionar Los gravísimos problemas que tenía el país, al terrorismo de Estado, implantado por las Fuerzas Armadas ya los métodos utilizados para deshacerse de todo aquel que no compartiera sus planes, y por último, a la derrota en la guerra de Malvinas y los hechos que allí se habían producido.

Alfonsín sabía que no podía sentar bases sólidas para el futuro si no se zanjaba la cuestión civil-militar Por ello, manifestó en su campaña política algunas ideas a partir de las cuales superarla. Por un lado, eliminar el cargo de Comandante en Jefe de cualquiera de las armas. La jerarquía militar se terminaría en el cargo de Jefe do Estado Mayor y el Comandante en Jefe seria quien la Constitución establece: el Presidente de la Nación.

Por otro lado, proponía rechazar toda auto amnistía, declarando nula toda ley que quisiera enmendarla acción realizada por el gobierno militar, pero a la vez, reconocer que existían distintas responsabilidades entre los actuantes: una responsabilidad de quien toma la decisión de actuar como lo hizo: otra responsabilidad distinta de quienes, en definitiva, cometieron excesos en la represión, y otra muy distinta de quienes no hicieron otra cosa que cumplir órdenes, La teoría de los tres nivele fue expresada por Alfonsín en un discurso pronunciado en la cancha de Ferro durante la campaña de 1983. Por último se buscaría disminuir el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Es decir, pretendía tener a las Fuerzas Armadas de La Nación en el marco de la Constitución la democracia.

Inmediatamente después de asumir, Alfonsín comenzó a concretar algunos de los puntos que había enunciado antes. A sólo tres días de haber tomado posesión de su cargo, dicta los decretos 167 y 158. El primero establecía la necesidad de perseguir penalmente a los conductores de grupos armados como los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (E.R.P.). El segundo ordenaba el juicio a los ex comandantes que integraron as tres Juntas Militares ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Arma-das por su responsabilidad en los homicidios, torturas y detenciones ilegales perpetrados entre 1976 y 1983 inspirados en la Doctrina de la Seguridad Nacional.

También inicia la reestructuración del Ministerio de Defensa, con el objeto de transformarlo en un instrumento a través del cual el gobierno democrático pudiera controlar efectivamente el sector redefensa y por medio de éste a las Fuerzas Armadas.

El Juicio a las Juntas contaría con el aporte de las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas Conadep). convocada por Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 y cuya presidencia se otorgó al escritor Ernesto Sábato. Su objetivo era intervenir en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición de personas otorgándoles la autoridad para recibir denuncias y pruebas y girarlos con posterioridad a la justicia. El Informe, que luego fuera publicado bajo el titulo Nunca más, fue entregado al Presidente el 20 de septiembre do 1984 y determinaba que fueron 8.960 los desaparecidos forzosos durante la dictadura, aunque Amnistía Internacional estimó que el número de victimas superaba los 16.000 y organizaciones argentinas como Madres de Plaza de Mayo hablaron de 30.000 afectados entre muertos y desaparecidos.

El juicio a los ex militares comenzó en forma oral y pública el 22 de abril de l985yconcluyó con la sentencia de a Cámara Federal en diciembre del mismo año- Los Tenientes Generales y ex Presidentes de Facto Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, el Brigadier General Orlando Ramón Agosti y los Almirantes Emilio Eduardo Massera y Armando Lambruschini fueron acusados y sentenciados por los delitos de homicidio, privación ilegítima do la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos. También fueron sentenciados por e1 Consejo Supremo de as Fuerzas Arma-das el Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, el Brigadier General Basilio Lamí Dozo y el Almirante Jorge Isaac Anaya (absuelto por la justicia civil en el anterior proceso» Si bien esta experiencia de enjuiciamiento generó un precedente histórico no sólo para Argentina, sino también para Latinoamérica, donde las experiencias de los Golpes de Estado siempre hablan quedado impunes, ciertos sectores de la sociedad consideraron que las penas otorgadas eran insuficientes además muchos acusados de m000rrango habían quedado absueltos.

Seguidamente, y para dar por concluido el capítulo correspondiente a los crímenes cometidos durante la dictadura, Alfonsín envía al Congreso el proyecto de ley que se conocería como de Punto Final y que fuera aprobado el 23 de diciembre de 1986. Según esta ley quedaba extinguida toda acción penal contra civiles y/o militares que no hubieran sido imputados por delitos cometidos en las operaciones antisubversivas dentro de un determinado plazo (basta el 23102/87). La Ley de Punto Final produjo el rechazo y malestar en importantes sectores de la sociedad civil, pero también en el seno de los sectores castrenses.